Por Carlos López Arriaga

Ni fuentes, ni datos duros

 

Cd. Victoria, Tam. La Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíbe al gobierno de Estados Unidos revelar públicamente cualquier información relativa a la vigencia o cancelación de visas a extranjeros.

Son de carácter confidencial los registros de oficinas diplomáticas y consulares sobre la emisión o negativa de permisos para entrar a ese país. Se consideran exclusivos para el consumo interno de las autoridades migratorias y el Departamento de Estado.

No son de acceso público los informes de investigación, ni las opiniones consultivas, ni la correspondencia consular, ni las hojas de trabajo relativas a la aprobación o rechazo de una solicitud, ni las notificaciones de cancelación, en caso de existir.

No puede el gobierno gringo confirmar o negar si le fue revocada una visa a determinada persona. La ley prohíbe compartir ese tipo de datos con medios informativos o en declaraciones de portavoces gubernamentales,

Tampoco son reportes que estén disponibles para el Congreso en general, salvo que lo solicite un tribunal y, en tal caso, un juez certifique que la divulgación es necesaria “en interés de la justicia”.

Sin embargo, dicho esquema de confidencialidad (prudente, sin duda) tiene sus inconvenientes. A falta de información, el rumor encuentra un nicho ideal para incubarse y proliferar.

Afloran seudoexpertos que venden ocurrencias disfrazadas de certezas. Deseos personales con capucha de diagnóstico, sin mediar probanza alguna. Para infortunio nuestro, son los encabezados que más venden. Los “posts” con mayor número de “likes” y reenvíos.

IMPUGNADORES SERIALES

El tema atañe la nota sobre la presunta cancelación del la visa a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, publicada el 3 de junio por el diario Los Ángeles Times y el portal Puente News Collaborative; firmada en la Ciudad de México por los corresponsales STEVE FISHER y KATE LINTHICUM (https://x.gd/ZPXFU ).

Sin mayor sustento que la información proporcionada (ojo) por “personas familiarizadas con los casos que hablaron a condición de preservar su anonimato” (“people familiar with his case, who spoke on condition of anonymity”).

Es decir, no hay fuente, nadie da la cara por ello. En esta etapa oscura nos encontramos hoy. Tras el citado periodicazo, los gritones de las redes (en su mayoría, cuentas anónimas) estuvieron exigiendo al gobernador de Tamaulipas que mostrara su visa.

Reclamo constante, una y otra vez, recio y quedito. Pero hete aquí que cuando el hombre finalmente mostró la visa, los impugnadores ya tenían listo el siguiente argumento: “aunque la tenga, está cancelada”.

En función de ello, ahora le exigen que pise suelo americano para demostrar que el documento sigue vigente. Pero es el cuento de nunca acabar porque si AMÉRICO demuestra que su visa está funcionando, los detractores tienen ya preparado el siguiente argumento.

Dirán enseguida que se trata de una excepción legal denominada "Permiso bajo palabra, por beneficio público significativo" (“Significant Public Benefit Parole”) previsto para extranjeros dispuestos a cooperar en investigaciones federales.

NARRATIVA ENDEBLE

Bajo dicha lógica cruel, correspondería a los señalados probar su inocencia, en lugar de que sus acusadores demuestren los cargos. Les falta poco para que exijan a los presuntos indiciados una carta de buena conducta firmada por TRUMP y RUBIO (o una recomendación del Papa).

Algún escéptico llegó a decir que la credencial mostrada no era la visa. Podría ser (dijo) una licencia de manejo. En casos así pierde sentido el diálogo público, ante la obstinación deliberada de otorgar a cualquier hecho (o argumento) un sesgo condenatorio, diga lo que diga, haga lo que haga.

Ciertamente, VILLARREAL y DURAZO negaron de manera terminante la especie periodística propalada desde California. Pero no siempre ha sido así, no es la regla. A lo largo del 2025 hay ejemplos donde los involucrados confirmaron la noticia.

Entre otros, la mandataria de Baja California MARINA DEL PILAR ÁVILA; los alcaldes de Sonora JUAN FRANCISCO GIM (Nogales) y OSCAR EDUARDO CASTRO (Puerto Peñasco). Y un edil de San Felipe, Baja California, JOSÉ LUIS DAGNINO.

Gobernadora y alcaldes recibieron notificaciones oficiales informando de dicha cancelación. No sería el caso de ALFONSO y AMÉRICO, si hemos de creer en sus palabras. Ambos aseguran que sus visas siguen vigentes y no han sido enterados de lo contrario.

Lo demás son especulaciones. En el otoño pasado, la agencia británica REUTERS aseguró que habrían sido canceladas las visas a medio centenar de políticos mexicanos (“The U.S. government has revoked the visas of at least 50 politicians and government officials in Mexico”, https://x.gd/p5L7P ).

Lo cual sería un genial cañonazo informativo (¡noticia bomba de esas que abren boquete!) si no fuera por la vaporosa ambigüedad de su fuente que parece honrar la novela de KUNDERA y su insoportable levedad del ser.

¿Quién dijo eso?, ojo: “un alto funcionario del Departamento de Estado” (punto). Un ser tan anónimo como los bots que día con día anuncian el Apocalipsis desde las redes sociales. En efecto, sobre bases tan endebles está construida la narrativa acusadora.

Columnas anteriores:

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