Por Agustín Peña Cruz

Ciudad Madero, Tamps.- La exigencia de justicia por la muerte de la menor Dafne ha dejado de ser únicamente un proceso judicial para convertirse en un reclamo público que cuestiona la actuación de autoridades educativas, organismos de protección civil y la investigación ministerial en Tamaulipas. Mientras familiares y ciudadanos mantienen movilizaciones en distintos puntos de la zona sur del estado, activistas sostienen que el caso refleja fallas institucionales que, aseguran, permitieron que una escuela operara sin cumplir los requisitos mínimos de seguridad.

La activista social Aydeé Contreras informó frente de la presidencia municipal de Ciudad Madero que las manifestaciones buscan mantener la presión sobre las autoridades para que el caso avance con mayor rapidez y se determinen responsabilidades. Explicó que una de las concentraciones se realizaría con la participación de Alejandra Quintos, madre de la menor.

«Vamos a exigir a la Fiscalía que agilice los procesos y, sobre todo, que aprendan a los responsables de estas anomalías que están pasando», afirmó. También cuestionó la actuación de la Secretaría de Educación estatal al considerar que no verificó que el plantel cumpliera con las condiciones legales para ofrecer servicios educativos.

Contreras sostuvo que, mientras las familias deben presentar diversos documentos para inscribir a sus hijos en una escuela, las autoridades debieron exigir a la institución acreditar el cumplimiento de la normatividad vigente.

«A todos los niños que ingresan a una escuela les piden cartilla, exámenes de laboratorio y un dictamen médico. Ahí no piden nada más que el dinero y la lista de materiales», señaló.

La activista aseguró que el inmueble donde funcionaba el plantel no reunía las

características propias de una institución educativa. Recordó que anteriormente había sido utilizado como oficinas y posteriormente fue adaptado para actividades escolares.

Esa escuela no contaba con clave de centro de trabajo. Tú, como madre, ¿inscribirías a tu hija en una escuela que, lejos de ser una institución, parece una casa de seguridad? – Se le cuestiono- Claro que no», expresó.

Según su versión, el inmueble carecía de espacios adecuados, servicios sanitarios suficientes y otras condiciones que, de acuerdo con la regulación aplicable, deben supervisar tanto Protección Civil como las autoridades educativas antes de autorizar la operación de un centro escolar.

«Eran oficinas anteriormente y hoy las fusionaron como una escuela con dormitorios que no cuentan con las dimensiones ni con los servicios que debe tener una institución educativa», afirmó.

Las críticas de Contreras también alcanzaron al gobierno municipal. La activista sostuvo que la presunta cercanía entre el director del plantel y autoridades locales habría favorecido un ambiente de tolerancia frente a posibles irregularidades administrativas.

Más allá de las condiciones del inmueble, la activista cuestionó el desarrollo de la investigación penal. Aunque reconoció que el acta de defunción establece un presunto homicidio, afirmó que existen vacíos importantes en la integración de la carpeta de investigación.

«No hubo muchos protocolos. No hay fotografías, no hay médico, no hay receta médica, no han dado el nombre del doctor que la vio y tampoco la llevaron a una institución hospitalaria para realizarle una tomografía», aseguró.

Respecto al debido proceso, indicó que no necesariamente exige revelar identidades, pero sí transparentar las actuaciones médicas y periciales que permitan reconstruir lo ocurrido.

«No tienen que dar nombres, pero sí decir quién la atendió, que era un médico reconocido y con cédula profesional. No mencionan absolutamente nada», sostuvo.

Contreras también expresó preocupación por hechos que, a su juicio, pudieron comprometer la preservación de evidencias. Señaló que existieron intentos de reabrir instalaciones clausuradas y consideró que cualquier intervención sobre el inmueble podría afectar la investigación.

«En el momento de romper los sellos de clausura se está violando la escena del crimen», afirmó.

Para la activista consideró que el caso ha adquirido una dimensión política que, en su opinión, podría dificultar el esclarecimiento de los hechos.

«Claro, se está politizando bastante», concluyó.

Hasta el momento, las autoridades competentes continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de la menor y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes.