* La diputada migrante de Reynosa puso sobre la mesa una contradicción de la reforma: una persona con doble nacionalidad puede legislar y reformar la Constitución, pero tendría que renunciar a una de ellas para aspirar a gobernar.

Por Martín Díaz / Periodismo con Firma

Letty Gutiérrez subió a la tribuna de la Cámara de Diputados con dos nacionalidades y una pregunta difícil de esquivar: si puede votar el presupuesto, intervenir en asuntos de seguridad nacional y reformar la Constitución, ¿por qué tendría que renunciar a una de sus nacionalidades para aspirar a gobernar?

La diputada federal panista, originaria de Reynosa y representante de la comunidad migrante, se opuso a la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta exige que quien aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncie a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su candidatura. El dictamen prevé aplicar el requisito a partir del proceso electoral de 2028.

Gutiérrez resumió su postura en una frase: «Tengo doble nacionalidad, pero no tengo doble lealtad».

El gobierno sostiene que quien encabeza un poder Ejecutivo debe tener un solo referente de lealtad institucional. Es un argumento que merece discutirse. Quien gobierna toma decisiones que comprometen al país o a un estado. Pero la exigencia de lealtad no se agota en esos cargos. También alcanza a quienes aprueban leyes, presupuestos y reformas constitucionales.

Ahí está la contradicción que señaló la diputada. La propuesta permite que una persona con doble nacionalidad ocupe una curul, pero le exige desprenderse de una de ellas si busca dirigir un Ejecutivo. ¿Qué conflicto concreto resuelve esa renuncia? ¿Por qué ese conflicto aparece en una oficina de gobierno y desaparece en el Congreso?

No basta con invocar la soberanía para dar por respondidas esas preguntas.

Gutiérrez habló también desde una realidad conocida en Reynosa: familias que viven, trabajan y mantienen vínculos a ambos lados de la frontera. Para muchos mexicanos, una segunda nacionalidad forma parte de su historia familiar. Tenerla no acredita por sí solo falta de compromiso con México, como tampoco un solo pasaporte garantiza que un funcionario actuará con honradez.

La diputada sugirió que la iniciativa aparece en un momento políticamente conveniente, después de que opositores con doble nacionalidad expresaran aspiraciones presidenciales. La coincidencia permite preguntar por la oportunidad de la reforma, aunque no demuestra que haya sido redactada para una persona en particular. Y su aplicación prevista desde 2028 impide presentarla como un veto a las candidaturas de 2027.

Ese cuidado no le quita fuerza a su argumento principal. Al contrario: deja a la vista la pregunta que debe responder quien impulsa el cambio constitucional.

México puede establecer requisitos para ocupar sus cargos más altos. Si va a imponer uno nuevo, debe explicar con precisión qué riesgo busca evitar, por qué la renuncia a otra nacionalidad lo evita y por qué ese mismo criterio no se aplica a quienes ejercen poder desde el Congreso.

Letty Gutiérrez puso el asunto en términos que se entienden fuera de San Lázaro: un pasaporte no es una prueba de lealtad. Ahora corresponde a los promotores de la reforma explicar por qué quieren convertirlo en requisito para gobernar.

Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.