Por Claudia Zapata/CNT

Cd. Victoria, Tamaulipas.-La diputada local del PAN, María del Rosario González Flores, propuso que los gobiernos locales se hagan responsables d los daños que sufran automovilistas  en sus vehículos por caer en baches o socavones en calles y avenidas de Tamaulipas.

González Flores, planteó reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios para establecer un procedimiento especial que permita reclamar el pago de daños sin tener que recurrir a largos procesos legales.

La legisladora señaló que los baches y socavones aparecen cada año, especialmente durante la temporada de lluvias, y terminan afectando el patrimonio de las familias por los gastos de reparación de neumáticos, rines y suspensiones.

Recordó que estos percances pueden representar gastos de entre 2 mil y 5 mil pesos por evento, aunque en motociclistas y conductores que circulan a mayor velocidad las consecuencias pueden ser mucho más graves, incluso con accidentes mortales.

Por lo anterior su  iniciativa propone que los afectados reporten el incidente dentro de los cinco días hábiles posteriores al percance, mediante una plataforma digital de la autoridad correspondiente.

«Para iniciar el trámite deberán presentar fotografías del bache o socavón, datos del vehículo, ubicación del lugar y una cotización de los daños», dijo.

El planteamiento contempla que el gobierno estatal, los ayuntamientos o las COMAPAS, según corresponda, tengan cinco días para emitir una resolución.

Si no responden dentro de ese plazo, se aplicaría la afirmativa ficta, es decir, la solicitud se consideraría aprobada.

Una vez autorizada la indemnización, la autoridad tendría un máximo de 30 días hábiles para pagar el dinero o entregar una orden de servicio para que la reparación se realice en un taller autorizado.

El mecanismo estaría dirigido exclusivamente a reclamaciones por daños materiales cuyo monto no supere las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), y permitiría que los ciudadanos acrediten el desperfecto y los daños ocasionados sin tener que contratar peritajes costosos.

La autoridad podría rechazar el pago si demuestra que el accidente ocurrió por exceso de velocidad, negligencia del conductor, fuerza mayor u otra circunstancia atribuible al automovilista.